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A los 6 meses de entrada en vigor del Reglamento europeo sobre minerales en conflicto, el grupo de ONG que seguimos en España su aplicación analizamos en esta nota de prensa los primeros avances y advertimos de los riesgos de que las empresas importadoras eludan sus obligaciones.

El objetivo último del Reglamento es interrumpir el nexo entre la extracción y el comercio de minerales, por un lado, y los conflictos violentos, la corrupción y la fragilidad estructural, por otro. En concreto, se aplica a los minerales conocidos como 3TG (Estaño, tungsteno/wolframio, tántalo y oro) procedentes de zonas de conflicto, entre las que destaca África Central. Según la Comisión Europea, se estima que las obligaciones de diligencia debida en virtud del Reglamento se aplican a entre 600 y 1.000 importadores de la Unión, de los cuales entre 20 o 25 operan en España.

Junto a Alboan y Justicia y Paz, REDES participa en el informe presentado por la sociedad civil a nivel europeo. Aunque cada estado miembro debería tener ya especificadas las normas de vigilancia de la aplicación a nivel nacional, España está muy retrasada en la lista. En general, reclamamos un menor margen de interpretación por los Estados para que pueda aplicarse un régimen de infracciones en caso de incumplimiento. Necesitamos también una mayor transparencia para para poder vincular la producción de minerales en origen con las importaciones directas a la Unión Europea. Por último, la aplicación de umbrales de volumen de importación para determinar las empresas cubiertas por la ley permite que las empresas eludan el Reglamento al utilizar redes de operadores independientes que importen en diferentes Estados miembro cantidades de mineral por debajo de los umbrales establecidos.

El seguimiento de este Reglamento es especialmente interesante porque es un ejemplo de legislación de diligencia debida, un caso particular de la que venimos reclamando junto a Enlázate por la Justicia, que cubre solo a las empresas que explotan estos minerales en conflicto.

Como han demostrado abundantes publicaciones recientes, a pesar de las importantes fuentes de desarrollo que podrían ser la explotación y el comercio de minerales se han convertido en motores de violaciones de los derechos humanos y de corrupción a gran escala, y han socavado el Estado de Derecho, el desarrollo democrático y la protección de los recursos naturales de los países productores.

En Laudato Si’ 173, Francisco advierte: “Hacen falta marcos regulatorios globales que impongan obligaciones y que impidan acciones intolerables, como el hecho de que empresas o países poderosos expulsen a otros países residuos e industrias altamente contaminantes.” Las entidades de Iglesia, junto al resto de la sociedad civil, estamos atentas para monitorear que, una vez aprobadas las leyes necesarias, se apliquen conforme a su justa intención y no se pongan trabas a su aplicación.

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